BEATIFICACIÓN
DE MONSEÑOR ROMERO, 23 DE MAYO DEL 2015
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El Centro de
Derechos Humanos de la Universidad de Washington (UW CHR, en inglés) presentó
una demanda contra la Agencia Central de Inteligencia (CIA) con potenciales
ramificaciones para la investigación del asesinato de Monseñor Oscar Romero de El Salvador. La
demanda entablada en un tribunal federal en el estado de Washington sostiene que la CIA no ha respondido adecuadamente a solicitudes de
información según la ley de transparencia estadounidense (FOIA) por parte de la
UW CHR pidiendo la desclasificación de documentos sobre la presunta
participación del coronel jubilado salvadoreño Sigifredo Ochoa Pérez en
crímenes de guerra, incluyendo la masacre de El Calabozo el 22 de agosto de 1982;
la masacre de Santa Cruz el 14 de noviembre de 1981; así como los enlaces
cuestionables de Ochoa Pérez al asesinato Romero el 24 de marzo de 1980.
Ochoa Pérez, un
legislador y diplomático en retiro, ha desestimado reportes
de prensa sobre su presunta responsabilidad en la matanza de Santa Cruz como imprecisos
y por lo tanto falsos. Con respecto al asesinato Romero, Ochoa Pérez no se
suele incluir entre los participantes en el complot para asesinar a Romero. Por
ejemplo, Ochoa no estuvo nombrado en el Informe de
1993 de la Comisión de la Verdad de la ONU sobre el asesinato; ni en el informe del
2000 de la investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de
la OEA; ni en la adjudicación en
2004 por un tribunal federal de Estados Unidos en relación al caso.
Ochoa Pérez ha
sido, sin embargo, cercano personal -e ideológicamente a los acusados de
perpetrar el crimen. Ochoa Pérez fue miembro de “la tandona”—la clase de
graduación de 1966 de la academia militar que también incluye al mayor Roberto
D’Aubuisson, el presunto autor intelectual acusado del asesinato Romero, y al
coronel Guillermo Alfredo Benavides, condenado por la masacre de 1989 del personal jesuita de la Universidad
Centroamericana de San Salvador.
La demanda de UW
CHR hace referencia de pasada a “por lo
menos un documento”, desclasificado por la CIA, “en el que supuestamente el Coronel Ochoa ha sido ligado al asesinato de
Monseñor Oscar Romero.” [Demanda, ¶10.] La referencia es a un memorando del
octubre de 1980, que informa que “el
teniente Coronel Julio Agustín Trujillo, ex comandante de la guarnición de
telecomunicaciones y partidario del Coronel Adolfo Majano, líder de la Junta Revolucionaria
de Gobierno (JRG) dijo el 3 de octubre 1980 que el Subsecretario de Defensa, el
coronel Nicolás Carranza, les ha dicho a varios oficiales militares que uno de
los responsables del asesinato de Monseñor Romero es el teniente coronel
Sigrido [sic] Ochoa. Trujillo consideró
esta información totalmente creíble”.
Existe cierta
confusión con relación a los nombres. Un segundo documento desclasificado de la
CIA de fecha de marzo 1983 informa que el sospechoso que aparece en el
memorándum de 1980 “puede ser
identificable con un Ltc. Sigfredo (Ochoa) Trujillo”—este es un apellido
materno distinto al de Ochoa Pérez (en las convenciones de nombres españoles,
se utilizan habitualmente los nombres del padre y de la madre). Además, los
documentos son inconsistentes en cuanto al nombre propio del sujeto (Sigrido,
Sigfredo, Sigifredo, etc.), y difícil de seguir en cuanto al rango militar del
hombre en varios puntos en el tiempo.
Además, hay un historial de falsas acusaciones en el caso Romero, a menudo con motivaciones políticas. En un momento, el equipo de D’Aubuisson confabuló una confesión grabada en vídeo sugiriendo que un encarcelado era responsable del crimen. Es concebible que Ochoa fue falsamente acusado por personas con un interés personal: Ochoa testificó contra Benavides en el caso de los jesuitas. Tal vez, tales dudas solo se aclararán si se liberan todos los documentos pertinentes, aunque la mayoría de los documentos tendría que ver con las otras masacres y no con el asesinato Romero.
Además, hay un historial de falsas acusaciones en el caso Romero, a menudo con motivaciones políticas. En un momento, el equipo de D’Aubuisson confabuló una confesión grabada en vídeo sugiriendo que un encarcelado era responsable del crimen. Es concebible que Ochoa fue falsamente acusado por personas con un interés personal: Ochoa testificó contra Benavides en el caso de los jesuitas. Tal vez, tales dudas solo se aclararán si se liberan todos los documentos pertinentes, aunque la mayoría de los documentos tendría que ver con las otras masacres y no con el asesinato Romero.
La demanda UW
CHR adjunta una declaración jurada del 10 de agosto 2015 del Lord Rowan Williams, ex arzobispo de
Canterbury, en relación a Monseñor Romero, a quien califica como “un líder moral de estatura excepcional, y un
crítico abierto de los crímenes violentos generalizados perpetrados por el
gobierno de turno en contra de su propio pueblo”. Señala que Romero fue
beatificado recientemente por la Iglesia. “Ser
declarado mártir significa que alguien es reconocido por haber dado su vida en
defensa de la fe cristiana”, escribe Williams. “Haciendo eco del llamado de Mons. Romero al gobierno de El Salvador a
actuar con transparencia y ética, yo haría la misma petición al gobierno de
Estados Unidos”, dice, exhortando por la liberación de los documentos.
“Además de sus obligaciones legales bajo la
FOIA [ley de transparencia estadounidense], el gobierno de Estados Unidos tiene la responsabilidad moral de
apoyar la causa de la verdad y la justicia en El Salvador, especialmente
teniendo en cuenta el grado en que los EE.UU. apoyó los militares salvadoreños
durante la guerra civil del país,” dijo la Directora del UW CHR Angelina
Snodgrass Godoy en un comunicado a la prensa.
En recientes declaraciones a la prensa, el obispo auxiliar de San Salvador, Mons. Gregorio Rosa Chávez, reclamó por una investigación revigorizada del caso Romero. “Hay un déficit bastante grande con respecto a monseñor Romero, ellos (la justicia) han abandonado la petición de que se investigue el caso seriamente”, lamentó el obispo
En recientes declaraciones a la prensa, el obispo auxiliar de San Salvador, Mons. Gregorio Rosa Chávez, reclamó por una investigación revigorizada del caso Romero. “Hay un déficit bastante grande con respecto a monseñor Romero, ellos (la justicia) han abandonado la petición de que se investigue el caso seriamente”, lamentó el obispo
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