BEATIFICACIÓN
DE MONSEÑOR ROMERO, 23 DE MAYO DEL 2015
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La Corte Suprema
de El Salvador declaró inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, que inhibe
la persecución de crímenes de guerra cometidos durante la guerra civil de El
Salvador. El fallo abre la puerta a posibles procesamientos de crímenes contra
la humanidad, incluyendo el del Beato Óscar A. Romero, el más conocido de los
más de 75.000 civiles asesinados entre 1980 y 1992.
El boletín emitido
junto al fallo hace referencia al informe de la Comisión de la Verdad de las
Naciones Unidas de 1993 que analiza numerosos crímenes, y afirma que en muchos
de esos casos no han prescrito, “así como
aquellos otros de igual o mayor gravedad y trascendencia, que pudieran ser
imputados a ambas partes (Fuerza Armada y Guerrilla), y que fueran objeto de
investigación y enjuiciamiento por las autoridades competentes”. En
consecuencia, entre los casos que ahora se podrían llevar es el del asesinato
de Romero el 24 de marzo en 1980, que la Comisión de la Verdad llamó “un caso ilustrativo”.
El caso Romero también es “ilustrativo” de cómo la Ley de Amnistía formalizó una política oficial de no investigar los casos.
El caso Romero también es “ilustrativo” de cómo la Ley de Amnistía formalizó una política oficial de no investigar los casos.
En las horas y
días siguientes al asesinato [más sobre el crimen], el Juez Atilio Ramírez Amaya, el Juez Penal del
Cuarto Juzgado de San Salvador, intentó llevar a cabo una investigación seria sobre
el crimen, pero fue frustrado activamente por la policía y otros funcionarios
del gobierno. El juez Ramírez se sorprendió de que los agentes de policía no le
habían notificado la noche del crimen, como el reglamento lo requiere, por lo
que llegó sólo al hospital donde se estaba examinando el cuerpo de Romero. Se
sorprendió de no encontrar una presencia policial cuando llegó al lugar. Le
pidió a su secretario llamar a la policía. Estos nunca llegaron.
Tras la
autopsia, el juez pidió a su secretario, una vez más llamar a la policía para tomar
posesión de las pruebas del hospital, incluyendo fragmentos de bala encontrados
en Romero. Pero no llegaron.
A altas horas de
la noche, el juez llamó a la policía para que lo acompañaran a la escena del
crimen para buscar y recoger pruebas. Pero no respondieron. El juez Ramírez se
vio obligado a llevar el sensible material a su casa con el fin de conservarlo.
La policía no se presentó en la escena del crimen hasta cuatro días después del
asesinato, y no recogió pruebas, ni proporcionó ninguna al juez de instrucción.
Las conclusiones del Juez Ramírez no se incorporaron en el informe oficial de
la autopsia y los rayos X “desaparecieron” del archivo.
El 25 de marzo,
el juez Ramírez comenzó a recibir amenazas de muerte anónimas. El 27 de marzo,
dos hombres llegaron a su casa, lograron entrar en la casa e intentaron
disparar al juez Ramírez con un arma automática. Le dispararon a su ama de casa.
El juez Ramírez repelió el ataque con una pistola. Los atacantes huyeron en un carro,
mientras que otros sospechosos desconocidos caminaban sobre el techo de la
casa. Los vecinos observaron carros de patrulla estacionados en las
inmediaciones, haciendo caso omiso de la escena.
Al día
siguiente, el juez Ramírez renunció a su cargo y se fue de El Salvador. La
Comisión de la Verdad concluyó que “hay
suficiente evidencia que el fallido intento de asesinato contra el Juez [Ramírez] fue una acción deliberada para desestimular
el esclarecimiento de los hechos”.
En mayo de 1980,
el ejército salvadoreño allanó una finca, donde Roberto d’Aubuisson y varios de
sus colaboradores se reunían. Arrestaron a d’Aubuisson, y confiscaron
documentos de la planificación del asesinato Romero. Pero pronto los detenidos
fueron puestos en libertad después de que el ejército intervino con la junta
cívico-militar que entonces gobernaba el país.
Varios otros intentos furtivos para procesar a d’Aubuisson y sus compinches fueron frustrados de manera similar durante la década de 1980. En 1987, EE.UU., incluso capturó uno de los conspiradores y estaba listo a deportarlo para su enjuiciamiento, pero las autoridades salvadoreñas retiraron los cargos y EE.UU. se vio obligado a liberarlo. La promulgación de la Ley de Amnistía en 1993, días después de que la Comisión de la Verdad responsabilizara a d’Aubuisson por el crimen de Romero, finalmente frustró todo esfuerzo de llevarlo a la justicia.
Varios otros intentos furtivos para procesar a d’Aubuisson y sus compinches fueron frustrados de manera similar durante la década de 1980. En 1987, EE.UU., incluso capturó uno de los conspiradores y estaba listo a deportarlo para su enjuiciamiento, pero las autoridades salvadoreñas retiraron los cargos y EE.UU. se vio obligado a liberarlo. La promulgación de la Ley de Amnistía en 1993, días después de que la Comisión de la Verdad responsabilizara a d’Aubuisson por el crimen de Romero, finalmente frustró todo esfuerzo de llevarlo a la justicia.
En 1980, la
Oficina de Socorro Jurídico del Arzobispado había sido allanada por la Policía
Nacional en julio de ese año y archivos relacionados con la investigación de la
Oficina sobre el asesinato fueron removidos, para no volver a ser nunca más vistos.
Los abogados que estaban trabajando en el caso recibieron amenazas de muerte y
se vieron obligados a huir del país.
Cabe destacar
que uno de los abogados fue Florentín Meléndez, que ahora forma parte de la
Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador y fue uno de los
magistrados que firmaron el decreto de inconstitucionalidad.
Tal vez ahora
que el panorama ha cambiado tan dramáticamente, es posible que finalmente habrá
justicia para las víctimas, incluyendo el Beato Romero. En una carta pastoral publicada anteriormente este año, el actual arzobispo de San Salvador pide exactamente eso.
