Thursday, July 14, 2016

¿Al fin, justicia para Romero?



BEATIFICACIÓN DE MONSEÑOR ROMERO, 23 DE MAYO DEL 2015


La Corte Suprema de El Salvador declaró inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, que inhibe la persecución de crímenes de guerra cometidos durante la guerra civil de El Salvador. El fallo abre la puerta a posibles procesamientos de crímenes contra la humanidad, incluyendo el del Beato Óscar A. Romero, el más conocido de los más de 75.000 civiles asesinados entre 1980 y 1992.
El boletín emitido junto al fallo hace referencia al informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993 que analiza numerosos crímenes, y afirma que en muchos de esos casos no han prescrito, “así como aquellos otros de igual o mayor gravedad y trascendencia, que pudieran ser imputados a ambas partes (Fuerza Armada y Guerrilla), y que fueran objeto de investigación y enjuiciamiento por las autoridades competentes”. En consecuencia, entre los casos que ahora se podrían llevar es el del asesinato de Romero el 24 de marzo en 1980, que la Comisión de la Verdad llamó “un caso ilustrativo”.

El caso Romero también es “ilustrativo” de cómo la Ley de Amnistía formalizó una política oficial de no investigar los casos.
En las horas y días siguientes al asesinato [más sobre el crimen], el Juez Atilio Ramírez Amaya, el Juez Penal del Cuarto Juzgado de San Salvador, intentó llevar a cabo una investigación seria sobre el crimen, pero fue frustrado activamente por la policía y otros funcionarios del gobierno. El juez Ramírez se sorprendió de que los agentes de policía no le habían notificado la noche del crimen, como el reglamento lo requiere, por lo que llegó sólo al hospital donde se estaba examinando el cuerpo de Romero. Se sorprendió de no encontrar una presencia policial cuando llegó al lugar. Le pidió a su secretario llamar a la policía. Estos nunca llegaron.
Tras la autopsia, el juez pidió a su secretario, una vez más llamar a la policía para tomar posesión de las pruebas del hospital, incluyendo fragmentos de bala encontrados en Romero. Pero no llegaron.
A altas horas de la noche, el juez llamó a la policía para que lo acompañaran a la escena del crimen para buscar y recoger pruebas. Pero no respondieron. El juez Ramírez se vio obligado a llevar el sensible material a su casa con el fin de conservarlo. La policía no se presentó en la escena del crimen hasta cuatro días después del asesinato, y no recogió pruebas, ni proporcionó ninguna al juez de instrucción. Las conclusiones del Juez Ramírez no se incorporaron en el informe oficial de la autopsia y los rayos X “desaparecieron” del archivo.
El 25 de marzo, el juez Ramírez comenzó a recibir amenazas de muerte anónimas. El 27 de marzo, dos hombres llegaron a su casa, lograron entrar en la casa e intentaron disparar al juez Ramírez con un arma automática. Le dispararon a su ama de casa. El juez Ramírez repelió el ataque con una pistola. Los atacantes huyeron en un carro, mientras que otros sospechosos desconocidos caminaban sobre el techo de la casa. Los vecinos observaron carros de patrulla estacionados en las inmediaciones, haciendo caso omiso de la escena.
Al día siguiente, el juez Ramírez renunció a su cargo y se fue de El Salvador. La Comisión de la Verdad concluyó que “hay suficiente evidencia que el fallido intento de asesinato contra el Juez [Ramírez] fue una acción deliberada para desestimular el esclarecimiento de los hechos”.
En mayo de 1980, el ejército salvadoreño allanó una finca, donde Roberto d’Aubuisson y varios de sus colaboradores se reunían. Arrestaron a d’Aubuisson, y confiscaron documentos de la planificación del asesinato Romero. Pero pronto los detenidos fueron puestos en libertad después de que el ejército intervino con la junta cívico-militar que entonces gobernaba el país.

Varios otros intentos furtivos para procesar a d’Aubuisson y sus compinches fueron frustrados de manera similar durante la década de 1980. En 1987, EE.UU., incluso capturó uno de los conspiradores y estaba listo a deportarlo para su enjuiciamiento, pero las autoridades salvadoreñas retiraron los cargos y EE.UU. se vio obligado a liberarlo.  La promulgación de la Ley de Amnistía en 1993, días después de que la Comisión de la Verdad responsabilizara a d’Aubuisson por el crimen de Romero, finalmente frustró todo esfuerzo de llevarlo a la justicia.
En 1980, la Oficina de Socorro Jurídico del Arzobispado había sido allanada por la Policía Nacional en julio de ese año y archivos relacionados con la investigación de la Oficina sobre el asesinato fueron removidos, para no volver a ser nunca más vistos. Los abogados que estaban trabajando en el caso recibieron amenazas de muerte y se vieron obligados a huir del país.
Cabe destacar que uno de los abogados fue Florentín Meléndez, que ahora forma parte de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador y fue uno de los magistrados que firmaron el decreto de inconstitucionalidad.
Tal vez ahora que el panorama ha cambiado tan dramáticamente, es posible que finalmente habrá justicia para las víctimas, incluyendo el Beato Romero.  En una carta pastoral publicada anteriormente este año, el actual arzobispo de San Salvador pide exactamente eso.


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