El anuncio del cierre de la oficina de Tutela Legal de la arquidiócesis de San Salvador ha desatado polémica
en El Salvador, como también una reflexión sobre el impacto que Mons. Óscar A.
Romero ha tenido en el campo de los derechos humanos. En retrospectiva, el impacto
que la pequeña oficina abierta por Mons. Romero ha tenido es notable. Al trabajo de la
oficina se puede acreditar, entre otras cosas, el documentar y resaltar la
masacre de El Mozote, investigar y documentar las actividades de los
escuadrones de la muerte durante el conflicto salvadoreño, la recopilación de
la evidencia que resultó en el informe de la Comisión Verdad de las Naciones
Unidas para El Salvador en 1993, y la denuncia de más de 50.000 casos de
violaciones de derechos humanos en ese país, incluyendo desapariciones
forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales (incluyendo el caso Mons. Romero). Alumnos notables de la oficina
incluyen a Florentín Meléndez, ahora juez de la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia de El Salvador; Luis Ramírez, quien se convirtió en un
representante de las Naciones Unidas; David Morales, el Procurador de Derechos
Humanos del gobierno de El Salvador; Roberto Cuéllar, ex Director Ejecutivo del
Instituto Interamericano de Derechos humanos, y, por supuesto, María Julia
Hernández, líder de la oficina, que se convirtió en campeona internacionalmente
reconocida de los derechos humanos.
Definiéndolo como un pionero de
los derechos humanos en El Salvador, Roberto Cuéllar dice que “Cabe mentar que Monseñor Romero comenzó a
utilizar los principios generales del derecho y la doctrina de los derechos
humanos en un momento en que los pactos y convenciones internacionales eran
todavía pocos y el derecho internacional adecuado en materia de derechos
humanos no existía”. Cuéllar declara que “Monseñor Romero fue el primer Procurador de Derechos Humanos que ha
tenido nuestro país”. Cuéllar también señala que Romero proporcionó
orientación y liderazgo a los jóvenes abogados que manejaban los casos:
Naturalmente, Monseñor no era
abogado de formación. Sin embargo, en el curso de aquellos tres años, fui
testigo de cómo se despertó y creció su interés por lo jurídico, hasta
convertirlo en un hábil y profundo razonador de la lógica jurídica. A menudo lo
encontraba estudiando la Constitución Política, a la que en aquellos años
aciagos consideraba el único recurso legal disponible para la defensa del
“derecho justo”, como lo llamaba él. Quienes trabajábamos en el Socorro
Jurídico del arzobispado, recibíamos muchos casos de sus propias manos, con
indicaciones personales de Monseñor, acerca de posibles caminos para canalizar
o encaminar cada caso.
Florentín Meléndez recuerda otra
función importante que la oficina legal ha cumplido para Romero: la
verificación de la veracidad de sus denuncias. “monseñor Romero se nutría de la información que llegaba al socorro
jurídico para las homilías, para la parte de los hechos de la semana y las
denuncias. Nosotros recogíamos testimonios. A mí me tocaba como notario
legalizar los testimonios; hacer visitas al terreno donde aparecían cadáveres;
buscar en las cárceles a los desaparecidos de la UCA, de la Nacional o de los
sindicatos”. De la misma manera, Roberto Cuéllar también menciona que
Romero era “exigente en las cuestiones
legales, era riguroso en la certeza de los hechos”.
La Exhortación Apostólica «Pastores
Gregis» de Juan Pablo II (escrita en parte por el cardenal Bergoglio)
afirma que “el Obispo es defensor de los
derechos del hombre ... es también defensor y padre de los pobres, se preocupa
por la justicia y los derechos humanos”. El Socorro Jurídico del Arzobispado
muestra cómo Mons. Romero ha cumplido ese papel. Tanto así que un tribunal de primera instancia de EE.UU. llegó a la conclusión de que cuando Mons. Romero fue asesinado, “El
pueblo ha sido privado de su protector”. Doe v. Rafael Saravia, 348 F.
Supp. 2d 1112, 1141 (E.D. Cal. 2004). El tribunal llegó a decir que: “Para muchos, su papel como la ‘voz de los
sin voz’, significó que él era su única protección contra un ataque”. Roberto Cuéllar elogia a Romero como un “apóstol
de los derechos humanos”.
Post Datum
Monseñor Ricardo Urioste, vicario general de monseñor Romero y uno de sus colaboradores más cercanos, que preside la Fundación Romero, declaró a Vatican Insider que no considera “que la situación que se ha creado dañe el proceso” de beatificación. El cierre no resalta como algo afuera del padrón establecido por arzobispos antecesores. Por ejemplo, Mons. Arturo Rivera y Damas estableció “Tutela Legal” precisamente después de cerrar el “Socorro Jurídico” establecido por Mons. Romero, cuando Mons. Rivera deseaba imponer una visión “moderada” del trabajo en derechos humanos de la arquidiócesis. Mons. Fernando Sáenz Lacalle también suscitó polémica al despedir a un abogado prominente de Tutela Legal (David Morales), también por diferencias de dirección. La atención que el cierre ha generado es alentadora en el sentido de que pone en relieve la gran concientización que se ha logrado en el área de derechos humanos en El Salvador, que nos permite pensar que esta situación se normalizará cuando todos los involucrados aborden el tema con serenidad.
Post Datum
Monseñor Ricardo Urioste, vicario general de monseñor Romero y uno de sus colaboradores más cercanos, que preside la Fundación Romero, declaró a Vatican Insider que no considera “que la situación que se ha creado dañe el proceso” de beatificación. El cierre no resalta como algo afuera del padrón establecido por arzobispos antecesores. Por ejemplo, Mons. Arturo Rivera y Damas estableció “Tutela Legal” precisamente después de cerrar el “Socorro Jurídico” establecido por Mons. Romero, cuando Mons. Rivera deseaba imponer una visión “moderada” del trabajo en derechos humanos de la arquidiócesis. Mons. Fernando Sáenz Lacalle también suscitó polémica al despedir a un abogado prominente de Tutela Legal (David Morales), también por diferencias de dirección. La atención que el cierre ha generado es alentadora en el sentido de que pone en relieve la gran concientización que se ha logrado en el área de derechos humanos en El Salvador, que nos permite pensar que esta situación se normalizará cuando todos los involucrados aborden el tema con serenidad.
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